Veinte emisoras y un mensaje de WhatsApp

7 sept

El lunes 17 de agosto de 2026, feriado en Colombia, los directores de las veinte emisoras de paz recibieron un mensaje de WhatsApp de Inravisión, el sistema de medios públicos. La instrucción era suspender los espacios informativos y de opinión. La señal siguió al aire; lo que salió fue la voz. Durante tres semanas, veinte emisoras construidas para que territorios que estuvieron en guerra pudieran nombrarse a sí mismos transmitieron música.

La medida no fue solo para ellas. Alcanzó también a once emisoras descentralizadas del sistema nacional, más de setenta frecuencias en total. El Ministerio TIC lo explicó como el desmonte de lo que llamó “el aparato de propaganda en el Sistema de Medios Públicos”, con el fin de construir uno “plural, independiente, transparente y al servicio de la ciudadanía”.

El 21 de agosto, Iván Cepeda anunció una tutela por censura. El 4 de septiembre, el Juzgado 32 de Ejecución de Penas de Bogotá se la negó: Inravisión no había emitido ningún acto administrativo orientado a suprimir las emisoras, las frecuencias y los contratos seguían vigentes, y el cambio de programación había sido transversal a todo el sistema, no dirigido contra ellas. El juez sí le exhortó a publicar un calendario de reactivación de los informativos.

Ese mismo 4 de septiembre, Inravisión ordenó suspender cuatro emisoras —Buenaventura, Agustín Codazzi, Riosucio y Tierralta— por operar sin haber completado su proceso de concesión ante el Ministerio TIC. El 7 de septiembre volvieron al aire las dieciséis restantes, con nombre nuevo: Emisoras de la Reconciliación. Y con cinco programas nuevos: Milagro en el Campo, Sonidos de mi tierra, Tejiendo Patria, La Tarde en mi Pueblo, Milagros en los Territorios.

Jessica Molano, periodista de la emisora de El Tambo, en el Cauca, hizo la pregunta obvia: por qué se retira la palabra “paz” de la denominación y aparecen, en cambio, términos que riman con el lenguaje del gobierno de turno. Tres de los cinco títulos comparten raíz con la consigna presidencial.

El problema no es quién gobierna

La tentación es leer esto como un episodio de censura. El fallo lo desmiente, y con argumentos razonables. La tentación simétrica es leerlo como politización de un medio público, y también hay evidencia para eso. Ambas lecturas son plausibles y las dos se quedan cortas, porque las dos suponen que el problema es el gobierno de turno.

Hay otra mirada. Que el problema se decidió en 2016.

El punto 6.5 del Acuerdo Final encargó al Estado veinte emisoras FM de interés público en municipios PDET. Es decir: puso la infraestructura de comunicación para la paz dentro del aparato estatal, bajo administración de un sistema de medios públicos cuyo director lo nombra el gobierno. La otra promesa —licencias para medios comunitarios, es decir, capacidad instalada fuera del Estado— avanzó mucho menos. Se cumplió la parte que dependía de una decisión administrativa y se postergó la que exigía ceder control.

La consecuencia estructural es que la continuidad de esas veinte voces quedó atada al ciclo electoral. Por diseño. Y el diseño se hizo visible cuando cambió el gobierno.

Hay un detalle que lo prueba mejor que cualquier declaración: meses antes de todo esto, bajo la administración anterior, ese mismo sistema de medios públicos había recuperado su nombre histórico de Inravisión. En menos de un año, dos gobiernos opuestos rebautizaron el mismo aparato. Uno la institución, el otro las emisoras. Los dos hicieron exactamente lo que el diseño les permitía hacer.

El punto ciego administrativo

Las cuatro emisoras que siguen fuera del aire son las últimas que entraron en operación, a fines de 2024, y son las que completaron el número comprometido en el Acuerdo. Están suspendidas por un trámite de concesión inconcluso. El eslabón más frágil de toda la cadena resultó ser el papeleo.

Un compromiso internacional de casi diez años se sostenía sobre un expediente sin firmar.

La pregunta de Rodríguez, respondida

Leyendo a Clemencia Rodríguez y sus medios ciudadanos, dejé escrita en este sitio una pregunta que sirve para cualquier programa de relacionamiento: el micrófono llegó al territorio, pero ¿quién lo tiene en la mano?

Agosto de 2026 la respondió. Y la respuesta obliga a una segunda pregunta, que es la que me interesa para el trabajo comunitario en cualquier parte: cuando una organización instala un canal para que una comunidad hable, ¿está entregando voz o está prestando un micrófono que puede recuperar?

La diferencia no se ve mientras todo funciona. Se ve el día que alguien manda un mensaje de WhatsApp.